Bolivia paga más de $us 600.000 al sentenciado expolicía Blas Valencia y otros
El Estado Plurinacional de Bolivia pagó $us 626.000 a 21 de las 26 víctimas de la violación de sus derechos humanos en el proceso por el caso “Blas Valencia”, hecho ocurrido en el gobierno del entonces presidente Jorge Quiroga (2001-2002).
por otra parte, indemnizó con $us 10.000 a cada uno de las dos representaciones de las presuntas víctimas: Hugo Efraín Jemio Mendoza y Carlos Eduardo Gómez Rojas, informó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos: dos policías y un civil. El expolicía y el resto de denunciantes acudieron al tribunal internacional, para denunciar actos de tortura y vejaciones.
Fue sentencia en 2023 a 30 años de cárcel por asesinato, robo agravado y organización criminal. Logró su libertad condicional en febrero de 2024. La lista de 21 víctimas que recibieron la indemnización del Estado boliviano la encabeza Blas Valencia Campos con $us 20.000. A él se suman Víctor Manuel Boggiano Bruzzón ($us 40.000); Freddy Cáceres Castro ($us 20,000); Claudio Centeno Valencia ($us 10.000); Carlos Eladio Cruz Añez ($us 40.000); Patricia Catalina Gallardo Ardúz ($us 40.000); Victoria Gutiérrez Aguilar ($us 40.000); y Oswaldo Lulleman Antezana ($us 20.000).
Además de Jenny Paola Lulleman Gutiérrez ($us 40.000); Luis Lulleman Gutiérrez ($us 20.000); Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez ($us 40.000); María Fernanda Peña Gallardo ($us 10.000); F.E.P.M. ($us 65.000); Edwin Rodríguez Alarcón: $us 20.000; Carlos Álvaro Taboada Valencia ($us 20.000); Claudia Valencia Alarcón ($us 40.000); Gabriel Valencia Alarcón ($us 20.000); Alexis Valencia Alarcón ($us 20.000); Mercedes Valencia Chuquimia ($us 40.000); Mauricio Valenzuela Valencia ($us 20.000) y Norma Lupe Alarcón Castillo ($us 40,000). Tambien, se le otorgó un monto de $us 1.000 “por concepto de compensación en equidad de las joyas secuestradas durante el allanamiento que no le fueron devueltas”, refiere el informe de la Corte-IDH.
Resta por cumplir el pago a Genaro Ahuacho Luna ($us 40.000); Alfredo Bazán y Rosas ($us 20.000); Carlos Enrique Castro Ramírez ($us 40.000); Julia Mamanu Mamani ($us 40.000) y Elacio Peña Córdova ($us 20.000). Al respecto, el Estado boliviano informó a la Corte-ID, en diciembre de 2024, que había realizado consultas en entidades estatales “con la finalidad de conocer el paradero de dichas víctimas y/o [sus] herederos” y dio con dos de estos: Carlos Enrique Castro Ramírez y Elacio Peña Córdoba.
